Por el caso, la organización envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos
Amnistía Internacional envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos para alertar sobre el recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión en Argentina. En ese sentido, consideraron que, en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, “cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló que “el actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”. En el comunicado difundido hoy, alertaron que la red socio-digital X (ex Twitter) “se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ‘mentirosos’, ‘ensobrados’, ‘idiotas’, ‘violentos’, ‘agresivos’, ‘despreciables’, ‘imbéciles’, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”. Y mencionaron a algunos de los periodistas atacados, entre ellos, Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi.
En el escrito, la organización internacional también cuestionó la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado. Y alertó sobre el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno.
Amnistía Internacional reveló además que este tipo de ataques suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. “Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, agregaron.
“Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, resaltaron.
Además, recordaron que “la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”.
En la carta que Belski envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso dos principales áreas de preocupación: las agresiones contra periodistas y las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales. Además, denunció el uso de redes sociales por parte del gobierno para “atacar y desacreditar a periodistas, generando un efecto silenciador”. Se menciona que estas agresiones incluyen insultos, calumnias y amenazas que buscan minar la reputación de los profesionales de la prensa. Además, detallaron ejemplos concretos de estas agresiones.
Por último, el 18 de julio de 2024 trascendió que a más de 50 periodistas acreditados se les había removido su acreditación en la Casa Rosada. “Esta acción se enmarca en una política de restringir el acceso a periodistas considerados críticos, implementando un mecanismo de acreditación basado en criterios arbitrarios y discriminatorios”, concluyeron.
Fuente: Infobae
