El oficialismo busca garantizar el dictado de clases ante las medidas de fuerza y establece que deberá haber guardias mínimas en los colegios de todo el país cada vez que haya paro docente.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.
La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
El proyecto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes.
También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.
Otro punto del proyecto fija que al comenzar el ciclo lectivo cada colegio deberá informar a las autoridades el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases.
Diputados debate el proyecto sobre presupuesto para universidades públicas
En medio de la agudización del conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país, la Cámara de Diputados debatía el proyecto de ley para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales.
Se trata de un tema que se metió por la ventana en el temario a través de un acuerdo de último momento entre el oficialismo y el bloque de la UCR.
Sin ese acuerdo, el oficialismo no habría logrado el quórum para siquiera iniciar la sesión.
La cuestión del financiamiento universitario ya lleva varios meses de arrastre y tuvo como punto clímax de conflictividad el 23 de abril pasado en la masiva Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios.
Al día siguiente Unión por la Patria convocó a una sesión especial para tratar este asunto junto con la restitución del FONID, pero el radicalismo dejó el recinto sin quórum, pese a haber participado de la marcha del día anterior.
En el medio el Gobierno nacional acordó algunos desembolsos parciales con un aumento del 270% que servían para financiar gastos administrativos de funcionamiento por algunos meses del año, pero sin dar respuesta a los reclamos salariales.
El 21 de mayo, se desarrolló una sesión en la que la oposición logró emplazar a las comisiones para dictaminar sobre estos dos proyectos educativos.
Con los dictámenes en la mano, comenzó un derrotero sinuoso para el radicalismo, que prometió llevar el tema al recinto en varias ocasiones, incluso pidiendo una sesión especial para comienzos de julio, que luego retractó.
Con la reactivación del conflicto universitario como telón de fondo, la UCR volvió a insistir con el proyecto de presupuesto universitario y presionó con un pedido de sesión para ayer, que se superponía con la convocatoria al recinto que había hecho el oficialismo.
El acuerdo para unificar temarios resolvió ese primer obstáculo, pero ahora se dirimirá en el recinto qué dictamen prevalece.
Los dictámenes sobre Presupuesto Universitario
El dictamen de minoría firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.
También se agregó la recomposición por IPC de los salarios docentes y no docentes, aunque de manera subsidiaria a la celebración de la paritaria para no suspender esa herramienta de negociación colectiva.
Además, establece una modificación del articulo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.
El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, también propone actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.
Además, el proyecto del kirchnerismo incorpora un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.
“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señala el texto.
En tanto, la iniciativa prevé la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.
Fuente: Noticias Argentinas
