La crisis en el sistema de discapacidad volvió a manifestarse con fuerza este 22 de abril, cuando prestadores, familias y personas con discapacidad se movilizaron en Posadas y distintos puntos del país para denunciar demoras en los pagos, aranceles desactualizados y la incertidumbre que genera un proyecto de reforma impulsado por el Gobierno nacional. La protesta, reflejó un malestar creciente en un sector que advierte estar al límite de su sostenibilidad.
Uno de los principales reclamos apunta al retraso en los pagos por parte de obras sociales, que en algunos casos supera los seis meses. Esta situación, según profesionales del área, compromete seriamente la continuidad de los servicios. Instituciones y centros especializados aseguran que continúan funcionando gracias a esfuerzos extraordinarios, recurriendo incluso a endeudamiento o fondos propios para evitar la interrupción de las prestaciones.
A este escenario se suma la preocupación por la posible desregulación del nomenclador único, herramienta que actualmente establece valores de referencia para las prestaciones. Especialistas advierten que su flexibilización permitiría a cada obra social fijar aranceles y elegir prestadores, lo que podría generar desigualdades en el acceso y dejar a muchas personas sin cobertura efectiva si no se alcanzan acuerdos económicos.
Las familias también sienten el impacto directo de la crisis. Denuncian dificultades para acceder a servicios básicos, interrupciones en tratamientos y la falta de insumos esenciales. Además, crece la incertidumbre ante la posibilidad de cambios en las pensiones no contributivas, que podrían verse afectadas por nuevos requisitos o procesos de reempadronamiento que, según advierten, ya han dejado a beneficiarios sin ingresos en el pasado.
En paralelo, referentes del sector alertan sobre un cambio de paradigma en las políticas públicas, que podría implicar un retroceso en materia de derechos. Señalan que la eventual reforma pondría en riesgo la cobertura integral garantizada actualmente y profundizaría la desigualdad entre quienes puedan afrontar mayores costos y quienes dependan exclusivamente del sistema público. Mientras tanto, el reclamo continúa en las calles, en busca de respuestas urgentes que permitan sostener un sistema clave para miles de personas.
