Por Ing. Carlos Eduardo Rovira
La distribución de material de abuso sexual infantil representa un flagelo social imperdonable que debe ser condenado con toda la fuerza de las instituciones, que Misiones las tiene funcionando con excelencia.
Por eso nuestro espacio político promovió, sin dilación y sin dudas, la expulsión y el corte definitivo de la representatividad de este diputado y del partido político que lo sustentó, considerando también que deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó.
Un antecedente tan nefasto que solo se superará con la prevención, el análisis, el conocimiento por parte del conjunto de la sociedad y con la solvencia de la justicia para, al menos, atenuar los efectos devastadores que hoy repercuten en todo el país y el mundo.
En esa línea, desde la Cámara de Diputados he promovido la primera Fiscalía para perseguir este tipo de delitos, junto al endurecimiento de las penas y la debida corresponsabilidad política de los partidos y frentes que incorporan a estos sujetos a la actividad, como correctivo.
Es claro que no han cumplido la tarea de ser los primeros filtros de antecedentes a la hora de confeccionar su oferta electoral. Hubo señales hace tiempo, que ahora algunos integrantes de la sociedad se animan a revelar.
Pero también es cierto que en este caso se trata de sociópatas que disimulan con astucia su comportamiento y cuentan con afinidad en su núcleo íntimo, afinidad en sus costumbres, sus modos de vida.
Podría decirse que constituyen una suerte de asociación para el engaño, la manipulación, la estafa moral y política, escondiendo sus vicios y sus crímenes.
Se ofrecen engañosamente a incautos electores, primero y después al resto de la sociedad, como impulsores de supuestos cambios ayudados con propaganda armada para conseguir sus fines perversos.
