Aunque la tasa sigue en $25, el Directorio del INYM votó elevarla a $32,12 y el expediente está en manos del Gobierno nacional
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) salió en las últimas horas a desmentir un supuesto aumento en el valor de la estampilla yerbatera, al asegurar que la Tasa de Fiscalización y Control se mantiene en $25 por kilo de yerba mate elaborada y destinada al consumo interno. Sin embargo, el mensaje oficial omite un dato central: el Directorio del organismo ya aprobó un proyecto para elevar ese valor a $32,12, una suba cercana al 28%, que ahora depende de la convalidación del Gobierno nacional.
La aclaración del INYM se difundió luego de cuestionamientos públicos por parte de funcionarios provinciales y referentes del sector productivo, tras la circulación de un video del subsecretario de Planificación del Ministerio del Agro de Misiones, Leonardo Amarilla, quien advirtió que el aumento de la estampilla impactaría directamente en el precio del paquete de yerba sin resolver el atraso del valor que recibe el productor por la hoja verde.
Una suba votada, pero aún no vigente
El proyecto para actualizar la estampilla fue aprobado por mayoría en la reunión de Directorio del INYM realizada el 18 de diciembre de 2025, la primera encabezada por su nuevo presidente, Rodrigo Correa, designado días antes por el Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo con la Ley 26.564, la facultad para autorizar o rechazar el aumento no corresponde al INYM, sino a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, razón por la cual el nuevo valor todavía no rige.
En términos formales, el organismo no aplicó la suba; en términos políticos y de gestión, ya tomó la decisión y elevó el expediente.
El trasfondo del conflicto
El debate se da en un contexto de fuerte tensión en la cadena yerbatera. Mientras el precio de la hoja verde en planta se mantiene en torno a los $60 por kilo, el valor del paquete en góndola registra incrementos cercanos al 30%, lo que reaviva los reclamos de los pequeños y medianos productores.
Desde el sector productivo advierten que, tras la quita de facultades al INYM para fijar precios mínimos, la estampilla quedó reducida principalmente a una herramienta de financiamiento y promoción, sin garantizar un equilibrio entre productor, industria y consumidor. En ese escenario, el posible aumento de la tasa vuelve a quedar bajo la lupa.
Comunicación defensiva y señal política
El posteo del INYM, al remarcar que “no se incrementó” la estampilla, se apoya en una verdad legal, pero evita mencionar que el aumento ya fue aprobado internamente y que solo resta el aval de Nación. La publicación llega, además, luego de los cuestionamientos públicos, lo que refuerza la lectura de una respuesta defensiva ante el costo político de la medida.
Mientras tanto, el futuro del aumento queda atado a una definición del Gobierno nacional. Si se convalida, la estampilla pasará a $32,12; si no, seguirá en $25. Lo que no está en discusión es que el INYM ya fijó posición, y el debate sobre quién paga el ajuste —productor o consumidor— sigue abierto.
