Italia prohibió ChatGPT, el chatbot de OpenAI que se comunica a través de inteligencia artificial, por infringir las normas de GPDP (Garante para la Protección de Datos Personales), en el marco de una supuesta recopilación ilícita de información sensible de los usuarios.
La evolución de ChatGPT genera desde hace unos días ciertas críticas por la utilización de los datos personales. En los últimos días se conoció que el bot reveló datos sensibles como nombre y apellido, dirección de correo asociada al pago, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito y la fecha de expiración.
OpenAI, quien se contactó con afectados, confirmó el fallo y señaló que afectó apenas a un 1.2% de suscriptores activos a ChatGPT Plus y, si bien figuraban los cuatro últimos números de las tarjetas de crédito, en ningún caso se pudo divisar el número completo.
Frente a esto, el gobierno de Italia resolvió la prohibición de la herramienta en su país. Según el ente regulador, “no se proporciona ninguna información a los usuarios, ni a los interesados cuyos datos han sido recopilados por OpenAI, L.L.C. y procesados a través del servicio de ChatGPT”. Señala también “la ausencia de una base jurídica adecuada en relación con la recopilación de datos personales y su tratamiento con fines de formación de los algoritmos subyacentes al funcionamiento de ChatGPT”.
Denuncian, además, la falta de verificación de edad en el sistema, a pesar de permanecer restringido para los menores de 13 años.
Por qué Italia prohibió ChatGPT
Según el Gobierno, la función de OpenAI va en contra de los artículos 5, 6, 8, 13 y 25 de la normativa. La disposición es de carácter temporal y regirá hasta que ChatGPT cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos europeo.
El paquete de medidas sobre protección de datos fue instalado en mayo de 2016 y tuvo como objetivo inicial preparar a Europa para la era digital. La iniciativa surgió porque más del 90% de los europeos quieren tener el mismo derecho a la protección de sus datos en toda la UE y con independencia del lugar donde se realice su tratamiento.
Según la Unión Europea (UE), la compañía cuenta con un plazo de 20 días para detallar sus iniciativas puestas en marcha “con el fin de aplicar lo prescrito” y así “justificar las infracciones mencionadas anteriormente”. La falta de respuesta por parte de OpenAI también incluye sanciones por parte del organismo europeo.
Fuente: Ámbito
