La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y cien negativos en la Cámara de Diputados, sin abstenciones. El proyecto establece un nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser imputados.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley es que en el texto original la iniciativa no incluía una previsión presupuestaria para su implementación, lo que significaba una presión aún mayor para las provincias, que debían afrontar los costos implícitos de la norma. A raíz de la postura disidente del bloque Innovación Federal, el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un capítulo específico que asigne los fondos necesarios para la aplicación de la ley.
El nuevo régimen reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En tanto, para aquellos delitos con condenas inferiores a los 10 años, el proyecto contempla sanciones alternativas como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de tareas comunitarias, el monitoreo electrónico. También incorpora la reparación integral del daño, la restricción para concurrir a ciertos lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.
La votación contó con el respaldo del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, que acompañaron la posición de los libertarios. La iniciativa ahora pasa al Senado para su revisión.
“Este proyecto de ley lleva un gasto social muy alto para las provincias”
En ese marco, el diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, durante su exposición en el recinto, puso el foco en la cuestión punitiva, y enfatizó en el impacto presupuestario y estructural que la implementación de la ley tendría en las provincias.
“Hemos escuchado diferentes ponencias y evidentemente en un tema tan sensible es muy difícil ponerse de acuerdo, es complejo”, señaló, por lo que trajo como ejemplo las experiencias internacionales, que demostraron que cuando la discusión no se limita a una cuestión ideológica, pudieron trabajar y avanzar de manera comprometida sobre la edad de imputabilidad.
Herrera Ahuad mencionó los casos de Brasil y Chile como ejemplos analizados en reuniones de comisión y explicó que su expectativa respecto del proyecto no está vinculada a la cárcel como fin en sí mismo, sino a la posibilidad de una atención integral del menor vinculado a un hecho delictivo.
De esta manera, remarcó la importancia de un abordaje serio e igualitario de “una gran problemática que tiene la Argentina como la tienen otros países del mundo”. Advirtió que muchas veces el debate se centra en “cinco o seis casos de crímenes” que tuvieron alta exposición mediática, pero subrayó que “todos los días hay actos delictivos de menores en todas las provincias de la Argentina y eso me preocupa mucho más”.
El legislador misionero valoró que el proyecto mencione la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar situaciones complejas como las adicciones y los contextos familiares vulnerables. “No queremos que ese chico vaya a preso, sino que sea atendido”, expresó, al referirse a la necesidad de respuestas integrales para jóvenes en conflicto con la ley.
Innovación Federal advierte sobre la importancia de un presupuesto específico
Sin embargo, planteó una fuerte preocupación en torno al financiamiento. Señaló que si la implementación vuelve a recaer exclusivamente en el esfuerzo de las provincias, el resultado podría ser insuficiente. En esa línea, sostuvo que no se trata simplemente de una cuestión discursiva sobre recursos, sino de presupuesto concreto para sostener equipos capacitados y estructuras adecuadas.
En esa línea, el legislador explicó que garantizar condiciones acordes a lo que establece la ley implica una inversión significativa, tanto en infraestructura como en personal. “Cuando se habla de equipos multidisciplinarios se está hablando de 50 o 60 profesionales abocados a estas problemáticas“, indicó.
De esta manera, Herrera Ahuad insistió en que “Este proyecto de ley tiene un costo muy alto para las provincias, mientras se impulsa una política de reducción del gasto y presión para bajar impuestos, al mismo tiempo se exige a las provincias asumir nuevas responsabilidades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.
Ante esta situación advertida por el legislador misionero es que desde el bloque de Innovación Federal, se reclamó para que la Nación, en el proyecto incorpore un capítulo que contemple una asignación presupuestaria específica.
En ese punto, se Remarcó que debe ser un financiamiento claro y determinado para la implementación del programa, evitando que los recursos se transformen en herramientas de negociación política.
