La Cámara de Representantes de Misiones convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua que amplía las facultades de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal.
La iniciativa incorpora expresamente al ámbito de control externo a las empresas estatales, las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado, las sociedades de economía mixta y aquellas entidades en las que la Provincia o los municipios tengan participación en la formación de las decisiones sociales.
El tratamiento se produjo durante la última sesión ordinaria del período legislativo 2026. La propuesta apunta a cubrir un vacío normativo y establecer mecanismos específicos para supervisar el destino y la utilización de los recursos públicos, independientemente de la estructura jurídica bajo la cual se administren.
Durante la presentación del proyecto, el diputado Alejandro Arnhold, del bloque Movimiento por lo que Viene, sostuvo que la modificación busca fortalecer la transparencia, la legalidad y los mecanismos de control sobre la administración de los fondos públicos.
El legislador explicó que la diversidad de estructuras jurídicas utilizadas por el Estado para desarrollar sus actividades no puede convertirse en un obstáculo para fiscalizar los recursos. En ese sentido, remarcó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan esos fondos y verificar que su aplicación se ajuste a la normativa vigente.
Arnhold señaló que la modificación actualiza la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y delimita expresamente el alcance de la fiscalización al control externo de los fondos públicos provinciales y municipales. Aclaró, además, que esa atribución no debe sustituir ni interferir en las competencias de los órganos de administración, gobierno y fiscalización de cada entidad, ni desconocer los regímenes legales tributarios y comerciales vigentes.
Otro de los aspectos incorporados establece que los resultados de estas fiscalizaciones deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y el conocimiento institucional sobre el uso de los recursos estatales.
La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. Al cerrar su exposición, Arnhold sintetizó el espíritu de la iniciativa con una definición: “El buen gobierno no se proclama, se demuestra”. Y vinculó esa responsabilidad con la transparencia, el control de los recursos públicos y la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía.
El proyecto del Gobernador
Passalacqua sostuvo que la medida respondía a la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y garantizar mayor claridad sobre la administración de los recursos provinciales.
“Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas”, había expresado.
En aquella oportunidad, Passalacqua también remarcó que la rendición de cuentas debía constituir una responsabilidad permanente de la administración pública.
“No solo no esquivamos esa responsabilidad, sino que es una convicción profunda: hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario”, afirmó.
