El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a las empresas a aplicar una reducción en los salarios de hasta el 70 por ciento, con la intención de evitar despidos en el sector privado.
En tanto, el Gobierno aportará como máximo el equivalente a 250 dólares para completar el sueldo, que en ningún caso llegará al 100 por ciento, según confirmaron. Además, la baja del salario debe ser acompañada por una reducción proporcional de la jornada laboral.
El primer mandatario firmó este miércoles un decreto para relanzar un programa que permite a las empresas aplicar una reducción en los salarios y en la carga horaria de los empleados, suspender los contratos de trabajo y pagar parte de los salarios con ayuda estatal para evitar despidos en el sector privado, por la crisis causada por la pandemia, según publicó el Boletín oficial del Gobierno brasileño.
La baja final del salario deberá estar acompañada por una reducción proporcional de la jornada laboral.
El decreto permite aplicar una reducción en los salarios, los despidos se multarán
El decreto indica que el Gobierno abrirá un crédito extraordinario cercano a los 10.000 millones de reales (1.830 millones de dólares) para poder costear el programa, en el cual se espera que se inscriban unos cinco millones de empleados formales.
Además, la reducción o suspensión de los contratos laborales podrá extenderse por hasta 120 días.
En 2020, el Gobierno brasileño había dado inicialmente el mismo plazo cuando aplicó este sistema, pero acabó prorrogándolo dos veces, hasta llegar a un total de nueve meses, a fin de año.
Formalmente, la negociación dentro de las empresas es libre y el Gobierno solo impone multas si el empleador despide a un trabajador durante la aplicación del plan.
Unos 50 millones de trabajadores informales
Los trabajadores que ingresen al plan recibirán una parte de su salario mediante el seguro de desempleo.
El decreto establece la reducción en los salarios y horas trabajadas podrán ser del 25, 50 o 75 por ciento y las empresas tendrán el beneficio de dejar de aportar al fondo de garantías, que es el seguro de indemnizaciones.
Según el Gobierno, el objetivo es «preservar el empleo y la renta, garantizar la continuidad de las actividades empresariales y el mantenimiento de la renta del trabajador y reducir el impacto social ante la paralización de las actividades y restricción de la movilidad en todo el país«.
En Brasil, el desempleo en el primer trimestre superó el 14 por ciento de la población activa del país, que tiene a unos 50 millones de personas trabajando en la informalidad.
El año pasado unos 19 millones de personas pasaron hambre, casi el doble de los 10 millones que experimentaron una situación similar en 2018, el año más reciente del que hay datos aportados por el gobierno brasileño y un estudio de privaciones.
El estudio mostró que alrededor de 117 millones de personas, o alrededor del 55 por ciento de la población del país enfrentan inseguridad alimentaria con acceso incierto a nutrición en 2020, un gran salto de los 85 millones que estuvieron en esa situación hace dos años.
“La forma en que el gobierno ha manejado el virus ha profundizado la pobreza y la desigualdad”, dijo Douglas Belchior, fundador de UNEafro Brasil, una de varias organizaciones que se unieron para recaudar fondos para llevar despensas a las comunidades vulnerables. “El hambre es un problema grave e incurable en Brasil” manifestaron.
Asimismo, una segunda ola de casos este año llevó, además, al colapso del sistema de salud en varias ciudades. Ante esto, funcionarios locales volvieron a imponer un montón de medidas estrictas y se hallaron en guerra con Bolsonaro.
Fuente: Télam